El diputado provincial Ricardo Lissalde (Alternativa Peronista) presentó hace días un proyecto de ley contra los intendentes “testimoniales” que plantea la convocatoria a nuevas elecciones en los distritos donde los jefes comunales electos finalmente no asumieron sus puestos, como ocurrió con los alcaldes Gustavo Arrieta, Cristian Breitenstein (Bahía Blanca) y Ricardo Curetti (Patagones), quienes dejaron la comuna para desembarcar en el Ejecutivo.

En un informe de prensa difundido por el monobloque Alternativa Peronista, se explica que “los intendentes municipales electos que no asumieron sus cargos y pidieron licencia para pasar a ser funcionarios del Poder Ejecutivo provincial podrán hacerlo sólo por seis meses y en el caso de no reasumir al frente del municipio serán reemplazados por el primer concejal de su lista, debiendo convocar a elecciones para elegir un nuevo intendente municipal en forma conjunta con las de la próxima renovación del Concejo Deliberante”.

En los fundamentos del proyecto, se expresa que “es de vital importancia que cuando un ciudadano decide participar en forma activa en la vida política y presentarse como candidato, lo haga con ética y responsabilidad y con la firme decisión de ejercer el cargo para el que se presenta y resulte electo”.

En otro de los pasajes se indica: “La voluntad popular se ve defraudada cuando el ciudadano elegido para ocupar un determinado cargo, no lo hace y se produce una crisis de confianza entre representantes y representados, entre sociedad y poder. Esto ha ocurrido recientemente en nuestra provincia con tres intendentes electos (entre ellos el flamante ministro de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Arrieta) que no asumieron y se incorporaron al Poder Ejecutivo Provincial”.

“Los electores de esos distritos los votaron para que fueran intendentes por cuatro años –salvo por causa de fuerza mayor, como cuestiones de salud- y votaron al primer concejal de la lista ganadora para que sea concejal y eventualmente reemplace al intendente en caso de licencias, no para que se convierta en intendente por cuatro años”, se señala en otro de los párrafos.

“Estas situaciones se asemejan a las mal llamadas 'candidaturas testimoniales' que se dieron en las elecciones generales del año 2009 ya que no son testimonio ni ejemplo de conducta cívica, debiendo llamárseles 'candidaturas fraudulentas' puesto que se engaña y se defrauda la voluntad del pueblo”, sostiene otro de los pasajes.

En diálogo telefónico con este medio, el diputado comentó: “En realidad no hice este proyecto en contra de nadie, ni mucho menos. Incluso Arrieta es un amigo, fuimos concejales juntos, cada uno en su pueblo. Presenté este proyecto para darle coherencia al marco normativo actual. La Ley Electoral prohíbe las testimoniales y por otro lado finalmente se busca siempre un atajo y se consigue el objetivo: la gente vota a alguien y esa persona no es la que después ejerce el cargo”.

-¿Considera que es una traición al electorado el hecho de que alguien se postule para un puesto que finalmente no va a asumir?

-No, no, la ley hoy por hoy permite las licencias. Al no estar prohibido, es absolutamente legítimo. Lo presenté con el espíritu de darle una coherencia a todo el marco normativo, haciéndome eco de lo que oportunamente el oficialismo impulsó. Fue justamente el partido del gobierno el que impulsó la prohibición de las candidaturas testimoniales. Yo no estoy prohibiendo las licencias, que es un uso legítimo que tiene cada ciudadano, sino todo lo contrario. El proyecto no pretende ofender u opinar sobre la situación de distritos como el de Cañuelas. Conozco a Arrieta, es una excelente persona. Ha recibido un apoyo mayoritario. Que esté en el Ministerio redundará seguramente en un beneficio para la comunidad. Queremos que esté reglamentado el ejercicio de la licencia.

-¿Cree que su proyecto podrá ser aprobado?

-Soy optimista. Cuando se votó la ley electoral de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, uno de los ejes más importantes era prohibir las candidaturas testimoniales. Sería coherente terminar de darle una uniformidad a todo el marco normativo por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Lo que podemos debatir, y en eso estamos abiertos, es si el plazo de seis meses está bien, si puede ser renovable por un plazo igual, o si puede ser un año o cuatro meses.