Los funcionarios que no tienen verdadera dimensión de sus cargos –y especialmente aquellos que recién llegan a la función pública– tienden a creer que los documentos que generan o custodian son de su propiedad. No alcanzan a comprender que del mismo modo que los escritorios que utilizan transitoriamente son de propiedad pública, también lo son los expedientes que guardan en sus cajones.

Muchas veces este celo en el resguardo de la información no responde solamente a esta falsa creencia sino que representa un simple intento de ocultar datos a los ojos del público y de los medios de comunicación.

Los decretos son documentos de enorme relevancia. Allí se plasman las decisiones diarias del Ejecutivo en materia de asignación de gastos, movilidad del personal y otras medidas administrativas de alto impacto en el presupuesto. Además, los decretos promulgan ordenanzas legislativas de alcance general sobre la población del distrito.

Los decretos se encuentran archivados en carpetas que antiguamente se podían consultar en el área municipal de Prensa, sin aviso previo.

Sin embargo, en el último año fueron sugestivamente retirados y guardados en la Secretaría Privada del intendente. A partir de ese momento fue imposible acceder a ellos libremente.

En varias oportunidades El Ciudadano pidió ver la totalidad de los decretos firmados en 2011 y específicamente aquellos que versaban sobre pases de personal a planta, licitaciones y erogaciones en fiestas y eventos. Sin embargo, mediante diferentes pretextos, sistemáticamente se le impidió a este medio acceder a los textos.

Paralelamente, el Ejecutivo dejó de girar los decretos al Concejo Deliberante. Desde junio de este año los bloques ya no reciben las tandas quincenales. En consecuencia, los ediles están impedidos de hacer un visado y seguimiento de las resoluciones del Ejecutivo y por lo tanto no pueden ejercer el rol de contralor para el que fueron votados.

Hasta donde se sabe, el municipio de Cañuelas tampoco cuenta con un Libro Registral de Decretos, lo que permite, de ser necesario, “fabricar” decretos antedatados o incluso eliminar o corregir decretos de contenido polémico cuando su difusión no beneficia los intereses del gobierno.

VIOLACIÓN DE LA LEY

Un principio constitucional establece que las normas legales, para estar vigentes, deben publicarse en un Boletín Oficial, es decir que sólo pueden ser aplicables luego de su difusión.

Las precarias economías de los municipios impiden contar con un medio escrito para publicar las decisiones que se adoptan a diario, pero la irrupción de Internet fomentó la apertura de webs municipales que sí representan una herramienta adecuada y de bajo costo para dicho propósito.

La Ley Orgánica de las Municipalidades, en su artículo 108, fija las atribuciones y los deberes del Departamento Ejecutivo municipal, uno de las cuales es “Promulgar y publicar las disposiciones del Concejo Deliberante”. Si bien no se refiere específicamente a los decretos, la obligatoriedad puede hacerse extensiva a los mismos.

Mediante el decreto 2704, fechado el 10 de noviembre de 2005 con la firma de Florencio Randazzo, el Ejecutivo Provincial creó el “Sistema de Información Normativa de la Provincia de Buenos Aires" (SINBA), en lento proceso de instrumentación.

Uno de de los objetivos del SINBA es utilizar la web para centralizar no sólo las leyes, decretos, resoluciones, convenios y acuerdos del gobierno provincial, sino también “las Ordenanzas y Decretos Municipales de alcance general”, garantizando “el derecho de los ciudadanos a conocer la información vinculada a los modos de expresión jurídica de los Poderes del Estado, cuya difusión facilita el control sobre la actividad gubernamental”.

En cualquier “municipio normal”, como le gusta decir al ahora ministro Gustavo Arrieta, los decretos deberían estar a la vista del público. Cualquier ocultamiento deliberado se consideraría una violación de los deberes de funcionarios público, delito penado por la Ley.

Esta semana El Ciudadano intentó, nuevamente, acceder a los decretos para conocer cuáles habían sido las primeras medidas adoptadas por la intendenta Marisa Fassi desde su asunción.

Sin embargo, el flamante subsecretario de Prensa, Enzo Peralta, mediante argumentos inconsistentes y poco creíbles, se negó a entregar esos documentos, violando normativas y prácticas de uso que debería conocer en función de su cargo.

Dijo que necesitaba “acomodarse” en su área para entregar esa documentación; que tal vez “más adelante” El Ciudadano podría verla y que mientras tanto este medio tenía que hacer un pedido por la vía administrativa (el funcionario, por su experiencia como periodista, debería saber que los tiempos administrativos del municipio pueden demandar varios días y hasta semanas; por lo tanto, exigir un trámite administrativo para brindar un documento que debería estar a la vista sólo pretende obstaculizar, demorar y finalmente impedir el acceso informativo).

Si no hay nada que ocultar, ¿por qué los funcionarios del Ejecutivo imponen tantas trabas?

Siguiendo con el decreto 2704 firmado por Randazzo –uno de los funcionarios más cercanos a Gustavo Arrieta y la nueva intendenta–, el mismo señala que “la adecuada y rápida difusión de los actos de gobierno contribuye a dar mayor transparencia al obrar de los poderes del Estado y al logro de los objetivos de las políticas públicas, facilitando el conocimiento por parte de la comunidad de las normas emitidas”.

¿Acaso el señor Enzo Peralta no coincide con este precepto?