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Consejo Escolar: El Tribunal de Cuentas le hizo un llamado de atención por compras de alimentos realizadas en 2017

 El órgano de control dijo que se incumplieron los procedimientos de contratación.
Luis Carnevali. Archivo.

BulletLuis Carnevali. Archivo.

30.09.2019, 09:30:47 | Actualidad

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 Hace unos días el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires concluyó la auditoría de la gestión 2017 del Consejo Escolar de Cañuelas y si bien se aprobó la rendición general, hubo un llamado de atención a los consejeros escolares Luis Carnevali (presidente en ese período), Susana Rojas, Lilian Furia, Eduardo Della Corte, Horacio Endara, Solange Mirc y a la secretaria Técnica Ana Cecilia Rubini por incumplimiento de las normativas de compra de alimentos para los comedores escolares.

Durante el ejercicio 2017 el Consejo Escolar tuvo ingresos por $ 22.217.772 que tuvieron su origen en las transferencias del Ministerio de Desarrollo Social por $ 20.337.180 destinados a cubrir los gastos del Servicio Alimentario Escolar (SAE); y las transferencias del Ministerio de Economía por $ 1.863.748; más $ 16.843 de fondos propios.

Si bien esos ingresos se aplicaron a los fines previstos de manera “razonable”, hubo objeciones del Tribunal por “una incorrecta instrumentación del proceso de contratación en el Servicio Alimentario Escolar”.

Durante la auditoría realizada en 2018 el Tribunal verificó que no existían contratos de compra de alimentos por lo que solicitó información adicional sobre las compras efectuadas para Desayuno Merienda Completo (DMC) tomando como casos testigo el Jardín 909, Escuela primaria 3 y Escuela 501 con el fin de verificar la “trazabilidad” de los procesos contables.

En el informe los consejeros indicaron que se había instrumentado un sistema de compra “descentralizado”, a cargo de cada directivo; y un sistema de pago centralizado en el Consejo Escolar, por lo que no existían los contratos requeridos.

Los relatores determinaron que ese procedimiento violó el Acuerdo Marco 56/02 firmado entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección General de Escuelas; y la Resolución 36/04 del Ministerio de Desarrollo Social que elimina las compras descentralizadas para el Servicio Alimentario Escolar.

En una respuesta unificada los consejeros argumentaron que “desconocían” esta resolución; y que por las características de Cañuelas se dificulta implementar una compra centralizada pese a lo cual se comprometieron a corregir la situación en el futuro.

En este escrito los consejeros Carnevali, Rojas, Furia, Della Corte, Endara y Mirc intentaron salvar de cualquier responsabilidad a la secretaria Técnica Ana Rubini quien, aseguraron, “no tiene voz ni voto” en las decisiones. Sin embargo, el Tribunal mantuvo el llamado de atención también para esta funcionaria al considerar que “los procesos de compra y contrataciones de acuerdo a las normas vigentes están comprendidos dentro de sus deberes”.

Sobre el fondo de la cuestión el Tribunal señaló que “El Consejo Escolar es el órgano que tiene a su cargo la administración de los servicios educativos, razón por la cual no debería delegar la compra de mercadería en los directivos de los establecimientos educativos, ya que ésta es su función, y de realizarse de ese modo no habría ningún control sobre cuál es el menú y si se ejecuta correctamente. Por lo tanto se remarca que las compras deben realizarse en forma centralizada, dado que es difícil llevar a cabo un control sobre el cumplimiento del menú DMC cuando quien determina qué comprar es también quien da fe de la recepción de la mercadería. Toda contratación debería indicar cantidad y tipo de mercadería que se requiere para cada establecimiento educativo, según los cupos aprobados por el Ministerio de Desarrollo Social”.

En el mismo fallo el Tribunal puso en conocimiento de Verónica Iozzolino, quien asumió la Presidencia el 10 de diciembre de 2017, la observación planteada y la necesidad de implementar mejoras a fin de asegurar contrataciones que garanticen “publicidad y difusión, concurrencia, igualdad, libre competencia, economía y transparencia”.

En consecuencia el órgano de control bonaerense mantuvo el llamado de atención para los consejeros mencionados por incumplimiento del Acuerdo 56/02 y Reglamento 36/04; y para la secretaria Técnica “por ser responsable de atender y cumplir la administración contable, incluyendo los procesos de compra y contrataciones”.

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