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Severo informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión municipal de 2017

 Funcionarios de la comuna fueron sancionados con multas y cargos por más de 12 millones de pesos, la segunda sanción más alta de la última década.
Severo informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión municipal de 2017

20.08.2019, 09:24:27 | Actualidad

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 El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires concluyó el análisis del ejercicio contable de la Municipalidad de Cañuelas correspondiente al año 2017. El resultado no deja bien parados a los responsables de la administración, que recibieron multas y cargos por un total de $ 12.200.000. Es el segundo monto más elevado de la última década (el récord fue en 2015, cuando las sanciones alcanzaron los 105 millones).

El 2007 fue el segundo año en el que Marisa Fassi quedó a cargo del Ejecutivo mientras Gustavo Arrieta, el intendente electo, sustituía a Verónica Magario en el Congreso de la Nación. Arrieta retomó las riendas de la gestión municipal el 21 de diciembre de ese año.

De acuerdo al fallo publicado en el Boletín Oficial el pasado 7 de agosto, el Tribunal aplicó multas de 80.000 pesos a Marisa Fassi, de 50.000 a Gustavo Arrieta y de 20 mil al intendente interino Maximiliano Mazzanti.
Varios funcionarios de primera línea también fueron sancionados con multas, entre ellos Guillermo Romero (55.000), Jorge Iraola (80.000); Julio Negro (60.000), Mauricio Guidi (20.000), Luciano Soto (10.000), Héctor Raúl Corvalán (10.000), Emilio Contreras (15.000) y Ana María Campagnoli (20.000).

El resto (11,7 millones de pesos) son cargos que se distribuyeron en forma solidaria entre Marisa Fassi, Gustavo Arrieta, Julio Negro, Guillermo Romero y Jorge Iraola, principalmente. Son montos simbólicos que serán anulados en la medida en que los funcionarios presenten la documentación requerida por el organismo fiscalizador.

El extenso informe firmado por los relatores Daniel Chillo, Juan Pablo Peredo, Ariel Pietronave, Gustavo Diez y Eduado Grinberg, describe las irregularidades contables, fallas administrativas, omisiones y faltas técnicas que llevaron a los cargos aplicados.



Romero e Iraola, dos de los funcionarios con más señalamientos.
 

PRINCIPALES CUESTIONAMIENTOS
 
• Al cierre de ejercicio se detecta un desequilibrio financiero de 16 millones de pesos.
 
• Como sucedió en los ejercicios 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, el Tribunal volvió a cuestionar la no implementación del sistema contable RAFAM. La municipalidad continuaba con el arcaico sistema SIFIM, vulnerable a la adulteración de datos contables. Asimismo, el Tribunal objetó la falta de acceso de los concejales al sistema contable al no habérseles otorgado usuario y clave de acceso.
 
• Los principales funcionarios no presentaron las declaraciones juradas, observación también realizada entre 2009 y 2016. ¿Cuál fue la respuesta del jefe de Persona, Héctor Corvalán, ante el pedido de esos datos? Que no podía entregarlos porque las declaraciones estaban en poder del contador municipal. El asesor Roberto Fernández Meire también presentó nota deslindando su responsabilidad en el tema.
 
• Por séptimo año consecutivo se sancionó a funcionarios por no cumplir con el informe sobre ejecuciones trimestrales de metas, proyectos y obras; y por la no publicación del balance semestral.
 
• La comuna no informó la nómina de autoridades del ejercicio 2017. Se verificaron falta de firma y sello de algunos funcionarios o aparición de funcionarios no registrados.
 
• Por quinto año consecutivo el Tribunal objetó la ausencia de un Boletín Municipal y de un Registro de Ordenanzas con numeración correlativa. La Municipalidad respondió que contaba con un sitio web donde se publica el digesto, respuesta que el Tribunal consideró insuficiente al no poder comprobar la publicación de los datos requeridos.
 
• Se adquirieron bienes y servicios desglosando los montos para ajustarse a los importes autorizados para compra directa, una habitual maniobra utilizada para evitar el llamado a licitación.
 
• Se cuestionó el otorgamiento discrecional de bonificaciones, acto que según el Tribunal “carece de transparencia, publicidad y sustento normativo que explique el monto abonado, vulnerándose el principio constitucional de igual remuneración por igual tarea”. Luego agregó que en cada uno de los decretos de asignación de bonificaciones “El Ejecutivo no explica los motivos de la asignación a cada beneficiario ni la memoria del cálculo aplicado para arribar a la suma otorgada”.
 
• Lorena García fue designada como contadora del Hospital Marzetti, tarea incompatible con su función en la Jefatura de Gabinete del municipio.
 
• Se objetó la designación de Laura Cazzola como Mayor Contribuyente porque la Municipalidad le alquilaba un inmueble en calle Líbano Nro. 8 de San Esteban para funcionamiento de una dependencia municipal, lo que resulta incompatible. En su respuesta el municipio intentó justificarlo señalando que nadie “objetó” su designación como MC a lo que el Tribunal respondió que la señora “nunca debió ser inscripta por lo que su designación deviene nula”.
 
• Varios funcionarios, concejales y mayores contribuyentes no presentaron el libre deuda de tasas municipales. Marisa Fassi, Santiago Mac Goey, Edgardo Castagneris, Margarita Trejo, Vanesa Berasain y Jorge Iraola fueron algunos de los que incumplieron con ese requisito “moral”. “No tengo competencia para obligarlos a hacer la declaración de manera compulsiva” fue el argumento de defensa que esgrimió el subsecretario de Gestión Pública, Alexis Cartasegna. El Tribunal desestimó ese argumento y planteó que el mismo municipio puede emitir una certificación a través de la oficina de seguimiento tributario.
 
• Se registraron movimientos bancarios por 4,6 millones de pesos que no estaban debidamente documentados por lo que técnicamente se consideran “fondos faltantes”.
 
• Se detectaron numerosas modificaciones presupuestarias y retención de fondos correspondientes a cuentas de terceros. A lo largo del ejercicio se acumularon más de 5 millones de pesos que el Ejecutivo no transfirió a los organismos correspondientes. Los más perjudicados fueron IPS (2,8 millones de retención no transferida), IOMA (más de 1 millón), Retención de Ingresos Brutos (672.000), Sindicato Municipal (304.000); UPCN (280.000), Cooperativa Cañuelas 2000 (109.000); Mutual de Trabajadores Municipales (83.000); ATE (76.000); Sindicato de Salud (50.000), Sindicato de Obras Sanitarias (50.000), Fesimubo (36.000).
 
•Inconsistencias, irregularidades y discrepancias de fechas en las licitaciones privadas Nro. 1/2016, 12/2016, 13/2016, 01/2017 y licitación pública 01/2016.
 
• Ausencia de rendición de cuentas por subsidios entregados a instituciones intermedias por un monto de 2,5 millones de pesos. Los montos más altos fueron otorgados a Club Cañuelas (900.000), Frigocarne (470.000) y Biblioteca Del Quijote (130.000).
 
• Ausencia de documentación de pagos por 1,5 millones de pesos a Graciela Susana Pagnone, Giorgetti y Bruno SRL y Matías Graciarena. La Municipalidad respondió que durante el allanamiento realizado por Gendarmería en 2018 la fuerza se llevó documentación que impide probar esos egresos.
 
• Se objetaron pagos a mecánicos y proveedores de repuestos por un total de 2,5 millones de pesos. La Municipalidad no informó marca, modelo, número de patente, chasis y demás datos de los vehículos sobre los que se realizaron las supuestas reparaciones. La Municipalidad lo atribuyó a “defectos de carácter administrativo”.
 
•La Municipalidad abonó un total de 1,3 millones por alquiler de máquinas y camiones a Miguel Yusti y Carlos Fabián Cattáneo. “No se indicaron precisiones sobre los vehículos afectados a las tareas, chapa patente, título de propiedad, póliza de seguro, VTV y carnet habilitante, documentación que debió estar adjunta a los legajos desde el momento de la contratación” indicó el organismo de fiscalización.
 
• Se cuestionó los intereses abonados por los juicios entablados contra el municipio y el Hospital Marzetti por ART Provincia.
 
• Hubo gastos en regalos, embutidos y panificados por un total de 540 mil pesos, no demostrando el carácter oficial y público de esos egresos. Además, faltaron órdenes de pago por otros 970 mil pesos.
 
• Se objetaron pagos por 370 mil pesos a distintos funcionarios por compensación de licencias no gozadas oportunamente y ya caducas, correspondientes a 2012 y años siguientes.
 
• Se mantienen las reservas expresadas en fallos anteriores sobre el Plan Más Cerca Eléctrico. Los funcionarios siguieron sin aportar la documentación solicitada en ejercicios precedentes.
 


MULTAS Y CARGOS
DEL TRIBUAL DE CUENTAS
 
2008: 4,7 millones
2009: 3,5 millones
2010: 2,7 millones
2011: 4,3 millones
2012: 1,5 millones
2013: 8,7 millones
2014: 4,8 millones
2015: 105 millones
2016: 5,2 millones
2017: 12,2 millones

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