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Conflicto del peaje: Desde Vialidad dicen que la apertura del by pass es responsabilidad del municipio

  El organismo también se refirió a los pases para vecinos; y al canon que los concesionarios abonaban a Aymed y Bomberos para la cobertura de siniestros.
Un accidente de 2009 cubierto por ambulancias de Aymed. Desde Vialidad sostienen que la responsabilidad primaria de la cobertura es del Hospital  y los bomberos. ARCHIVO EL CIUDADANO.

BulletUn accidente de 2009 cubierto por ambulancias de Aymed. Desde Vialidad sostienen que la responsabilidad primaria de la cobertura es del Hospital y los bomberos. ARCHIVO EL CIUDADANO.

25.04.2019, 13:05:47 | Actualidad

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 El peaje del km. 76 de la Ruta 3 se ha transformado en un nuevo foco de tensión entre el Ejecutivo municipal y las autoridades nacionales. Así se desprende del cruce de declaraciones en el que ambos se desligan de la responsabilidad de reabrir una calle vecinal cerrada hace dos décadas por el ex concesionario Semacar, que permitiría tomar un desvío para eludir las casillas.

“La calle a la que se hace alusión se encuentra efectivamente bajo jurisdicción de la Municipalidad de Cañuelas. En ese sentido, la apertura o no del camino es una decisión que corresponde a las autoridades municipales” dijo a El Ciudadano un vocero de Vialidad Nacional.

Desde que se concretó el último incremento que llevó de $ 55 a 80 la tarifa para vehículos livianos, vecinos que viven entre los kilómetros 76 y 90 de la Ruta 3 iniciaron una campaña para reclamar una flexibilización del acceso a los pases libres y la reapertura del by pass bloqueado por Semacar en el inicio de su concesión. La razón es que para hacer un viaje cotidiano al centro de Cañuelas deben pagar 160 pesos de peaje.

Luego de dos cartas de vecinos en 15 días, el intendente declaró a la prensa que la apertura del camino implicaría accionar sobre las banquinas, que son de jurisdicción nacional y que por lo tanto “sin la expresa autorización de Vialidad Nacional no podemos hacer nada, porque sería considerado un delito federal y podríamos afrontar un juicio”.

Además, recordó que recientemente, cuando agentes municipales se encontraban en las inmediaciones de la unión del camino en cuestión con la ruta, “la empresa a cargo del cobro de peajes emitió una alerta y efectivos de Gendarmería Nacional los intimaron a retirarse”.

Ante la consulta de El Ciudadano, el vocero de Vialidad replicó que “Esta calle se encuentra inutilizada hace más de 20 años con lo cual, por más voluntad o no que haya de abrirla, su estado actual es intransitable y representa un peligro para los vecinos de Cañuelas y los usuarios del corredor. Por lo tanto, para habilitar la circulación es necesario realizar previamente una serie de obras de seguridad sobre este camino, actualmente de tierra, para dejarlo en condiciones mínima para soportar una gran cantidad de vehículos.  Estamos hablando de un promedio de 10.000 vehículos por día. No sólo de autos y motos, sino también de vehículos de gran porte como colectivos, ómnibus y camiones. Sólo después de que el gobierno municipal realice estas obras es que Vialidad Nacional podrá empezar a evaluar la posibilidad de habilitar el camino”.
Es decir que desde la perspectiva de Vialidad la totalidad del flujo vehicular optaría por el desvío de tierra y no sólo los residentes de la zona o gente con dificultades para afrontar la tarifa.

Ante la demanda de los lugareños Arrieta también habló públicamente sobre los pases libres. Dijo que deberían ser extensivos a los habitantes de Gobernador Udaondo y que se debería facilitar el otorgamiento. Esto último fue planteado formalmente el miércoles de la semana pasada mediante un proyecto ingresado por el oficialismo en el Concejo Deliberante.

Sobre este punto, ante la requisitoria de El Ciudadano, el vocero de Vialidad explicó que
“en aquellos casos donde los vecinos, sea por su cercanía a la estación de cobro y la alta frecuencia de uso de la misma, deban afrontar un significativo impacto económico, las empresas administradoras de los corredores deberán cobrarles una contraprestación por tránsito diferencial de menor valor que la tarifa vigente”. Y añadió que  “Las tarifas vecinales diferenciales están oportunamente contempladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, disponible de manera libre y gratuita en nuestra página web”. 

Además del elevado costo de las nuevas tarifas, los frentistas y habitantes cercanos al peaje del km. 76 se quejaron de los requisitos, excesivos desde su punto de vista, que Ausur exige para otorgar los peajes. En ese sentido la fuente de Vialidad indicó que “los requisitos para obtener el pase son exactamente los mismos que se solicitaba la anterior empresa administradora del corredor. Estos son: DNI con domicilio asentado en la localidad, cédula verde registrada en el Partido y un servicio o contrato de alquiler”.
La semana pasada Arrieta solicitó una audiencia en Vialidad Nacional y en la Defensoría del Pueblo para plantear estas problemáticas.
 
COBERTURA DE SINIESTROS
Uno de los cambios que se implementó tras la salida de CV1 y el arribo de Ausur en el marco de los PPP fue la suspensión del convenio que el concesionario mantenía con Aymed para el traslado de heridos por accidentes viales; y el subsidio a Bomberos Voluntarios (un equivalente a los kilómetros realizados mensualmente sobre los corredores para la asistencia de siniestros).
 
Desde fines de 2018, cuando entró en vigencia el nuevo contrato, Arrieta viene realizando intensos reclamos ante la Defensoría del Pueblo y otros organismos, con el argumento de que mientras Ausur lucra con los corredores, es el Hospital Marzetti el que debe asumir la responsabilidad exclusiva para el traslado de lesionados, sin recibir un peso por dicha contraprestación. Se suma que el servicio sanitario se debe prestar en un distrito atravesado por rutas, con elevada accidentología y con un limitado número de ambulancias.
Sobre este punto, al fuente de Vialidad consultada por El Ciudadano dijo que “los hospitales y bomberos tienen la obligación de asistir” ante la eventualidad de un siniestro.

“La realidad es que tanto la salud como la seguridad son derechos universales que todos los ciudadanos argentinos tienen garantizados por la Constitución Nacional. Estos derechos no se pueden aplicar selectivamente de acuerdo a una determinada ruta o el corredor por la que se esté transitando. Si un ciudadano tiene un accidente en cualquier ruta del país, el Estado tiene la obligación de asistirlo. Además, son los propios ciudadanos quienes financian estos servicios a través del pago de impuestos, con lo cual agregar un cargo extra a aquellos que utilizan un determinador corredor sería una doble imposición injusta e innecesaria.” 

“Las empresas administradoras de los corredores tienen por obligación brindar a los usuarios otro tipo de servicios como el servicio de grúa, auxilio mecánico, móviles de seguridad vial, atención al usuario y mantenimiento de las rutas. El problema es que el sistema anterior de concesiones viales establecía como obligación contractual la celebración de convenios para la prestación de servicios de primeros auxilios, transporte sanitario y extinción de Incendios. En concreto, estos convenios obligaban a las empresas administradoras a abonar un determinado monto que inevitablemente repercutía en el costo del servicio. Los nuevos contratos de concesión PPP procuran en cambio adaptar la normativa a estándares internacionales y exceptúan los primeros auxilios, el transporte sanitario y la extinción de Incendios dado que se trata de derechos universales y que tanto los hospitales como los bomberos tienen la obligación de asistir ante tales eventualidades y que los argentinos ya cuentan con organismos públicos destinados a este fin y que regulan estos servicios”.

Como se puede apreciar, el Ejecutivo y el gobierno Nacional tienen posiciones totalmente enfrentadas sobre un conflicto que no vislumbra una pronta resolución.

© El Ciudadano Cañuelense

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