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Obligan a funcionarios a presentar una declaración jurada

 Deberán declarar las cesiones y propiedades que incorporaron a su patrimonio mediante usucapión en los últimos 15 años.
Fernández Meire: “Buscamos transparencia”.

BulletFernández Meire: “Buscamos transparencia”.

21.03.2019, 10:08:03 | Actualidad

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 Con fecha 7 de marzo, el Departamento Ejecutivo firmó un decreto en el que obliga a los funcionarios municipales a presentar una declaración jurada que informe sobre la incorporación a su patrimonio de derechos posesorios o inmuebles mediante el proceso conocido como “usucapión”.

Según el decreto firmado por el intendente Gustavo Arrieta y Emilio Contreras, están alcanzados los funcionarios con rango de directores, directores generales, coordinadores, subsecretarios, secretarios, juez de Faltas e intendente; y se invita al Concejo Deliberante a impulsar una medida del mismo tenor “con la intención de abarcar todos los poderes del Estado y llevar total transparencia a la comunidad”.
 
El decreto, que lleva el número 0125/19, establece que las personas alcanzadas deberán informar “de manera detallada operaciones dadas en el distrito de Cañuelas, sobre aprobación de planos para usucapir, compra o venta de cesiones de derechos posesorios, procesos judiciales de usucapión o prescripciones adquisitivas, posesiones actuales de lotes de terreno o campos y detalle de comercializaciones de lote/s o loteos”.
 
El período de declaración abarca las operaciones realizadas en los últimos 15 años, y el plazo para la entrega de los datos a la Tesorería Municipal de acuerdo a un texto marco incorporado como anexo del decreto, vencía el 15 de marzo.
 
Curiosamente el 8 de agosto de 2018 el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto sobre declaraciones juradas patrimoniales, con un plazo de 120 días para su cumplimiento por medio de una nueva oficina de Fortalecimiento Institucional. El plazo de 120 días se venció a mediados de febrero y al día de hoy nada se sabe sobre la ejecución de esa ordenanza de transparencia.
 
El Ejecutivo dio a conocer el decreto 0125/19 días después del artículo publicado por El Ciudadano sobre el juicio iniciado por el funcionario municipal Luciano Soto contra un vecino del barrio Del Carmen al que acusó de usurparle un lote. La justicia no sólo absolvió al denunciado, sino que además responsabilizó a Soto de utilizar testigos que en su mayoría son empleados municipales para favorecerse; y pidió que se los encause por falso testimonio. Tras su regreso de las vacaciones Soto elevó una nota al Ejecutivo en la que ratificó sus derechos sobre el lote que dice haber adquirido y pidió que se lo investigue.
 
En declaraciones a la radio NacPop, el secretario Legal y Técnico del municipio, Roberto Fernández Meire, autor del texto del decreto, dijo que aún antes del pedido de Soto “recibimos notas de distintas localidades” denunciando a “poseedores, usurpadores o comercializadores de tierras” vinculados a “funcionarios o ex funcionarios manejando información privilegiado”. “Entonces para poner claro sobre oscuro, el señor intendente ha decidido que haya una norma específica donde se invite a los funcionarios a declarar si tienen algún plano, alguna posesión, alguna comercialización de lote, en los últimos 15 años, es decir que exceda el marco de la actual administración”.
 
Tras sugerir que el Legislativo debería implementar una medida similar dijo que “Necesitamos darle a la sociedad acciones que transparenten los hechos y rumores (…). Puede ocurrir que algún funcionario o concejal se oponga a esta declaración jurada y entonces será la sociedad la que analice esa conducta omisiva. Lo que estamos buscando con este decreto es transparencia. Entiendo que es un camino que todos debemos recorrer”.
 

 
 
Fernández Meire tiene tres lotes por posesión veinteañal
 
El 20 de noviembre de 2006 la Dra. Carolina Bufano titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro.18 de La Plata, falló en favor de Roberto Fernández Meire, haciendo lugar a su demanda de posesión veinteañal del inmueble ubicado en la calle Almirante Brown entre España y Alberdi de la localidad de San Vicente. Se trata de tres parcelas de aproximadamente 1.350 m2 cada una.
 
En la demanda Meire relató que la posesión sobre dichos lotes comenzó en 1946 cuando el Sr. Alfonso Rodríguez Nieto realizó actos posesorios a título de dueño en forma pacífica e ininterrumpida, efectuando actos conservatorios sobre los lotes, pagos de impuestos, tasas y contribuciones, plantaciones de árboles, arbustos y colocación de alambrado. Que trascurridos los años desarrolló su calidad de propietario, prestando en alguna oportunidad aquellos lotes para pastoreo de animales.
 
De acuerdo al dictamen, en el año 2000 Fernández Meire adquirió “los derechos y acciones que correspondían al Sr. Rodríguez sobre los lotes en cuestión” y que realizó “nuevos actos posesorios como retiro de árboles, plantación de nuevas especies y renovación integra del alambrado perimetral”.
 
Meire no estará obligado a informar esto en su declaración jurada ya que el decreto 0125 habla de “operaciones dadas en el distrito de Cañuelas”.

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