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Es funcionario municipal, denunció que le usurparon un lote pero se comprobó que la denuncia era falsa

Hace siete años el coordinador de Recursos Humanos, Luciano Soto, demandó a un vecino del barrio Del Carmen por la presunta usurpación de un terreno. Pero en pleno juicio oral se descubrió que utilizó una red de empleados municipales como testigos truchos. Ahora podrían imputarlos por falso testimonio.
Luciano Soto. FOTO ARCHIVO EL CIUDADANO.

BulletLuciano Soto. FOTO ARCHIVO EL CIUDADANO.

25.02.2019, 12:07:43 | Policiales

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 El coordinador Municipal de Recursos Humanos, Luciano Soto, pasó de denunciante a sospechoso de armar una falsa denuncia para apropiarse de un terreno. En el medio de una bochornosa audiencia judicial, el Juzgado Correccional Nro. 5 de La Plata no sólo desestimó su denuncia sino que lo dejó en la puerta de una investigación penal por efectuar una falsa denuncia valiéndose de testigos truchos que trabajan en el municipio, los que también podrían enfrentar un proceso penal.

Todo comenzó en 2012, cuando Soto presentó una denuncia por usurpación contra un vecino del barrio Los Aromos (al que llamaremos Alberto para preservar su identidad, dado que se encuentra con custodia policial y sumamente atemorizado).
 
Soto denunció que Alberto, usando la violencia, en la primera semana de abril de 2012 retiró un alambrado perimetral que él había instalado, colocando en su lugar placas de hormigón y despojándolo del terreno de 10x25 ubicado en San Juan 2738 entre Cuba y Guatemala del barrio Del Carmen, aledaño a Los Aromos.
 
Soto declaró haberlo comprado en cuotas en la Inmobiliaria de Daniel Etcheguía en 1996 abonando la última cuota en el año 2000. Y que en la Semana Santa de 2012, estando de viaje en Entre Ríos junto a su hijo y esposa, le avisaron que alguien había retirado el alambrado y la tranquera de su lote colocando placas de cemento en su remplazo.
 
Detalló que antes de eso había firmado el boleto de compraventa y que comenzó a pagar los impuestos municipales y de ARBA. Su esposa, Graciela Gómez, añadió que ni bien terminaron de pagarlo lo alambraron; que concurrían a predio en sus caminatas; y que iban al terreno con amigos a tomar mate.
 
JUICIO ORAL Y PÚBLICO
 
Durante el debate oral y público realizado el 13 de febrero, además del demando y el demandante fueron citados los testigos presentados por las partes.
 
En representación de Soto concurrieron Graciela Margarita Gómez (esposa y secretaria del Ejecutivo), Carlos Javier Cópola (ex delegado municipal de Alejandro Petión, empleado de Cooperativa y empleado de Compras); Guillermo Javier Acosta (director de Catastro); Noemí Elis Corbella (empleada municipal que hasta el año pasado dependía de Alexis Cartasegna); Ramón Villián (empleado de cooperativa), Jorge Villalba, Heraldo Adalberto Madies y Alfredo Zalazar.
 
Alberto presentó a los vecinos Juana Noemí Scaffaro, Claudia Umgher, Gastón Berto, y Marcela Cenas (José Luis Beherens y Laura Molina se encontraban ausentes).
 
Mientras que Alberto fue asistido por el defensor oficial Roque Funes; Soto concurrió con su abogado Alexis Cartasegna, también funcionario municipal (director de Asistencia Crítica).
 
El juez Diego Tatarsky comenzó a perder la paciencia al notar importantes contradicciones o falta de convicción en las declaraciones de los testigos de Soto en comparación a lo que habían declarado originalmente en la comisaría de Cañuelas, en el inicio de la causa, en 2012.
 
El disgusto del juez se hizo cada vez más evidente hasta que en la declaración de Acosta (en 2012 dijo que en Cañuelas había muchas usurpaciones y durante la audiencia dijo que no recordaba haber dicho eso) comenzó a realizarse preguntas con insistencia, hasta que el director de Catastro se sinceró. Reconoció que dependía orgánicamente de Soto y que fue a declarar a la Comisaría “por un compromiso” y que al ser empleado de la Municipalidad “se sentía forzado a hacerlo para cuidar su laburo”. 
 
También dijo que varios testigos “son del mismo partido político, en ese entonces el Frente para la Victoria; que Cópola pertenecía a ese partido y que él no pertenecía a ninguno y que al trabajar en ese ámbito lo mandaron a decir cosas en favor del funcionario” según consta en el fallo al que tuvo acceso El Ciudadano.
En su alegato, la fiscal de Juicio Claudia Cendoya entendió que los testigos Cópola, Corbella, Zalazar, Madies y Villián “podrían haber incurrido en el delito de falso testimonio y pidió que “se remitan las actuaciones a la fiscalía en turno para su investigación”.
 
Mientras que los testigos aportados por Soto no tienen cercanía geográfica con el barrio Del Carmen, todos los testigos de Alberto son del barrio, donde residen desde hace muchos años, elemento que fue valorado positivamente por la fiscal.
 
Cendoya consideró especialmente la declaración Scaffaro, quien vive desde hace 10 años a una cuadra del lote y quien declaró que siempre vio a Alberto manteniendo el lugar; que nunca vio a otra gente que lo visitara, ni que cortara el pasto ni que concurriera al lugar a tomar mate, como declararon los testigos propuestos por Soto.
 
También ponderó el testimonio de la vecina Umgher, quien declaró que su hijo jugaba en el terreno en disputa con el hijo de Alberto; que Alberto lo mantenía cortando el pasto con un alargue. 
 
Un tercer testigo, Berto, agregó que antes de 2012 el terreno estuvo siempre baldío y descuidado y que a partir de 2012 Alberto lo mantuvo y construyó el paredón, por lo que quedó desacreditado el retiro de una tranquera y un alambrado, como dijo Soto en su denuncia penal.
 
Cenas, otro testigo, hizo mención al robo violento que Alberto sufrió en 2018 y destacó que desde entonces vive atemorizado.
 
“No se pudo probar que (Alberto) haya ejercido violencia ni que haya despojado a Soto y a Gómez del terreno. Tampoco se pudo demostrar los dichos de Soto en cuanto a que tenía árboles y un cartel ni que ejerciera actos posesorios por lo que recomendó desistir de la demanda contra Alberto” destacó la fiscal de Juicio en su alegato.
 
La Dra. Cendoya agregó que como Soto era funcionario y su esposa Graciela Gómez secretaria del intendente, “los testigos Madies, Cópola, Zalazar y Corbella se encontraban comprometidos e incurrieron en grandes contradicciones por lo que solicito que se envíen las actuaciones a la UFI en turno a fin de que se investigue la posible comisión del delito de falso testimonio”. De la lista de posibles imputados fue excluido Acosta, quien durante el juicio reconoció que declaró en favor de Soto para conservar su “laburo”. Los demás testigos, en cambio, se mantuvieron en sus dichos.
 
El defensor oficial Roque Funes agregó que Soto “no pudo demostrar la autenticidad del boleto de compraventa (presentó una fotocopia ilegible que tiene el casillero en blanco donde van el número de parcela); que nunca presentó el boleto original y que los datos catastrales no están completos”.
 
Funes subrayó que Alberto realizó una exposición civil en la comisaría de Cañuelas en 2011; y que el 3 de enero de 2012 realizó una declaración testimonial ante Escribano Público a efectos de adquirir titularidad por usucapión, regularizando el pago de impuestos ante ARBA, es decir varios meses antes de la demanda iniciada por el funcionario Soto.
 
El Dr. Tatarsky, además de firmar el veredicto absolutorio para Alberto, pidió que se giren actuaciones a la Secretaría Provincial de Derechos Humanos, a la Fiscalía General, a la DDI Cañuelas, a la Jefatura de Policía y a la Defensoría del Pueblo, dado que Alberto “refirió haber recibido ataques y amenazas y en la causa hay personas de la Municipalidad de Cañuelas involucrados, a fin de que se le brinde las medidas de protección que correspondan”.

 

 
Un juicio bochornoso que irritó al juez y a la fiscal
 
El juicio oral y público realizado el 13 de febrero –en el que se ventiló la denuncia por usurpación presentada por el funcionario Luciano Soto contra un vecino del barrio Del Carmen- tuvo ribetes de tragicomedia.
 
Las contradicciones de los testigos aportados por Soto fueron tan evidentes que el juez de la causa, Diego Tatarsky, y la fiscal Claudia Cendoya perdieron la paciencia en varios tramos.
 
Cuando Soto empezó a declarar y a contradecirse, lo llevaron a ver las fotos del terreno que reclamaba como propio, pero no se pudo ubicar en el lugar. Entonces el magistrado decidió aislarlo en una habitación contigua y sacarle el celular para que no pudiera mantener contacto con otros testigos ni con su abogado Alexis Cartasegna. Así permaneció varias horas hasta la finalización de la audiencia.
 
En otro momento había tanto alboroto en los pasillos que Tatarsky mandó a la secretaria a ver qué sucedía. La funcionara regresó al minuto relatando que había “una tertulia” del Dr. Alexis Cartasegna con los testigos, por lo que el juez ordenó aislarlos y quitarles el teléfono para que no se comunicaran con el abogado.
 
El más comprometido fue el testigo Cópola, quien además de llegar tarde a la audiencia hizo enojar al juez con sus continuas imprecisiones. Para intentar “zafar” de la situación, el ex delegado de Petión apeló a un argumento surrealista que dejó a todos boquiabiertos: dijo que tenía “problemas de memoria” a raíz de una grave enfermedad inmunológica; y que necesitaba consumir cannabis para hidratarse y tener apetito.
 
Tras la deposición de Cópola el juez salió buscar analgésicos para aliviar su “dolor de cabeza” ante “las incongruencias” que estaban escuchando y “la pérdida de tiempo” que le estaban generado a la justicia.
 
“Tenemos casos importantísimos, causas por homicidios que están demorados a la espera de este espacio físico de debate y estamos acá escuchando todo esto. A usted lo estuvimos esperando toda la mañana y encima viene y nos miente en la cara” fue el reproche que le dirigieron a Cópola.
 
Otro momento especialmente tenso fue cuando el director de Catastro Acosta, ante la insistencia del juez que lo veía demasiado dubitativo, reconoció que fue coaccionado para declarar en favor de Soto. A partir de esa confesión, el juez y la fiscal terminaron de darse cuenta que había una trama de testimonios armados.

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