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El Ejecutivo le negó a Cambiemos una copia del sumario por los médicos truchos

 Con argumentos técnicamente endebles, el abogado José Luis Perrotat rechazó el acceso al expediente.

01.01.2019, 15:24:20 | Actualidad

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 El sumario iniciado por el Departamento Ejecutivo contra funcionarios del Hospital Marzetti por la contratación de dos falsos médicos brasileños Thais Soares Costa y Felipe Nori parece ser un secreto de Estado.

Mediante una nota firmada por el letrado municipal José Luis Perrotat, el Ejecutivo rechazó la entrega de una copia del expediente solicitada por el bloque de concejales de Cambiemos. El bloque opositor había realizado un pedido de esos datos a fines de noviembre por medio de la Ordenanza 1970 de Libre Acceso a la Información Pública. 
 
Con fecha 20 de diciembre el letrado municipal José Luis Perrotat respondió con una serie de argumentos insostenibles que ponen en evidencia su más absoluto desconocimiento de la Ordenanza 1970 y de las más elementales normas de acceso a la información pública.
 
En primer lugar el asesor legal afirma que “el sumario no es público; es inter – administrativo en plena investigación y con los plazos legales en término, siendo actuaciones reservadas”.
 
En este párrafo incurre en varios errores. El sumario sí es público y el hecho de que esté en proceso no impide conocer su contenido. 
 
El artículo 7 de la Ordenanza 1970 señala que “En el caso de informaciones vinculadas a investigaciones en trámite referidas al ejercicio de la potestad sancionadora de quienes ejercen funciones públicas o realicen actividades y programas financiados con cargo a los presupuestos públicos, la exclusión del acceso termina cuando la resolución que pone fin al procedimiento queda consentida o cuando transcurren más de tres meses desde que se inició el procedimiento administrativo sancionador sin que se haya dictado resolución final”. El sumario comenzó hace más de cinco meses, de manera que ya finalizó el período de restricción de acceso.
 
En otro párrafo de su respuesta Perrotat vuelve a equivocarse y lo hace con un concepto despectivo hacia la labor legislativa al señalar que “(los concejales) no poseen interés legítimo, condición esencial para acceder a esas actuaciones”.
 
En el artículo 1 de la Ordenanza 1970 se expresa con claridad que “Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información pública, sin costo y sin justificar causa ni interés legítimo”. Y luego la Ordenanza añade que la expresión “toda persona” se refiere a cualquier persona que habite en el partido de Cañuelas (inciso a) y “Todos los concejales, que podrán acogerse a las prescripciones de esta Ordenanza ante la falta de respuesta o respuesta insatisfactoria de sus pedidos de informe (inciso c).
 
En uno de los párrafos finales añade que el área Legal “se encuentra trabajando con la Fiscalía I y II (sic) para el esclarecimiento de los hechos”, arrogándose facultades judiciales que no le corresponden, ya que los dos procesos (el administrativo del sumario y el judicial) van por carriles separados.
 
¿SUMARIO PARA PERROTAT?
 
La propia ordenanza 1970 prevé un régimen de sanciones para los funcionarios que no cumplan con su obligación de brindar información pública. 
 
“Los funcionarios y agentes responsables que arbitrariamente y sin razón que lo justifique no hicieren entrega de la información solicitada o negaren el acceso a su fuente, la suministraren incompleta y obstaculizaren en alguna forma el cumplimiento de los objetivos de esta ordenanza serán considerados incursos en falta grave en el ejercicio de sus funciones, siéndole aplicable el régimen sancionatorio vigente, previa instrucción de sumario administrativo” sostiene el artículo 16.



La respuesta de Perrotat, vulnerando la ordenanza de Libre Acceso Informativo.
 

© El Ciudadano Cañuelense

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