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Cañuelas, 11 de diciembre de 2018    N° de Edición On Line: 2762

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El juez Federal Alberto Santamarina pidió acceso a la documentación municipal secuestrada por Gendarmería

 Es el magistrado que investiga la causa iniciada por la AFIP. El juez Martín Miguel Rizzo todavía no lo autorizó.
Jueces Rizzo y Santamarina.

BulletJueces Rizzo y Santamarina.

22.10.2018, 13:23:07 | Actualidad

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 El titular del Juzgado Federal 1 de Lomas de Zamora, Alberto Patricio Santamarina, solicitó acceso a la documentación secuestrada por la Gendarmería Nacional en la Municipalidad de Cañuelas y Hospital Marzetti en sendos allanamientos realizados el 6 de agosto.

Santamarina investiga una demanda contra la Municipalidad de Cañuelas iniciada por la Administración Federal de Ingresos Públicos el 31 de agosto. En esa denuncia la AFIP sostiene que entre 2012 y 2018 el municipio retuvo 14 millones de pesos del Impuesto a las Ganancias y que no los depositó en las cuentas del fisco. Con posterioridad a la denuncia la comuna firmó un acuerdo de pago por 34 millones; no obstante la demanda penal sigue su curso por presunta infracción a la Ley Penal Tributaria.
 
Mucha de la documentación que Santamarina necesita para investigar este caso se encuentra en poder de Gendarmería a partir del allanamiento ordenado por la fiscal Norma Pippo en una causa por Malversación de Caudales Públicos iniciada por la UFIJ 2 de Cañuelas tras las declaraciones de la contadora Evelyn Cantoni.
 
“Se ha solicitado la afectación de esa documentación, pero aún no hemos tenido respuesta del juez que debe autorizarlo” dijo a El Ciudadano una fuente del Juzgado Federal. El magistrado aludido es Martín Miguel Rizzo, titular del Juzgado Nro. 8 con asiento en Cañuelas.
 
DECLINACIÓN DE COMPETENCIA
 
Por otra parte, la causa por Malversación de Caudales Públicos que tuvo sus inicios en la UFIJ 2 de Cañuelas en medio del escándalo por la contratación de médicos truchos recaló en la Fiscalía Nro. 17 de La Plata, luego de que Pippo se declarara incompetente para avanzar con el expediente.
 
En los últimos días la titular de esa Unidad Fiscal, María Eugenia Di Lorenzo, devolvió la causa al Juzgado Nro. 8 solicitando que la misma se anexe a la investigación que lleva adelante el juez Federal Santamarina, por considerar que son hechos concomitantes. Por lo tanto Rizzo también debe definir si hace lugar a esa declinatoria de competencia solicitada por Di Lorenzo.
 
En esa causa también está incorporada, como anexo, la denuncia por Asociación Ilícita presentada por Joao Peixoto Dos Santos Neto ante la UFIJ 1 de Cañuelas. Dos Santos Neto es el médico brasileño cuya identidad y matrícula fueron usurpadas por Felipe Nori Haggi Lacerda. Su abogado planteó que existió una red de funcionarios que permitieron la contratación de médicos truchos.
 
Si Rizzo firma la declinatoria, todas estas causas vinculadas terminarán en manos del juez Federal Alberto Santamarina.

BOMBEROS VOLUNTARIOS
 
Otra causa que preocupa al gobierno municipal es la denuncia penal por Malversación de Caudales Públicos presentada por Mariela Aristegui, presidenta de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Cañuelas.
 
Aristegui planteó que el municipio retuvo en los últimos años una cifra millonaria recaudada a través del Adicional de Defensa Civil y Bomberos, incluido en la tasa de Servicios Generales. A modo de ejemplo, o largo del ejercicio 2017 la Municipalidad de Cañuelas recaudó $ 7.077.757 por ese concepto pero transfirió a las autoridades del cuartel apenas 920 mil pesos (el 13 %).
 
La UFIJ 1 se declaró incompetente y elevó el expediente a la Fiscalía General de La Plata, que lo derivó a la Fiscalía 11 del Dr. Alvaro Garganta.
 
Garganta ya solicitó la colaboración de peritos instructores de la Procuración, especializados en delitos económicos. Trascendió que algunos de esos instructores ya tienen experiencia por haber intervenido en denuncias similares planteadas por cuarteles de bomberos de otros distritos, lo que allanará la investigación. “La Procuración tiene especialistas que conocen el camino de prueba” fue la definición de una fuente judicial.
 
 

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