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Deuda con la AFIP: la Municipalidad firmó un acuerdo de pago por 34 millones de pesos

 En paralelo a la causa penal, el organismo tributario inició una demanda en lo Contencioso Administrativo y pidió un embargo de las cuentas. Ahora el acuerdo de pago deberá ser homologado.
Meire e Iraola negociaron el plan de pagos.

BulletMeire e Iraola negociaron el plan de pagos.

08.09.2018, 15:39:50 | Actualidad

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 La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Municipalidad de Cañuelas firmaron un acuerdo de pago por la deuda de 14 millones de pesos que el organismo le reclama al municipio por retenciones del Impuesto a las Ganancias que no fueron depositadas en la cuenta del fisco.

El lunes 3 de septiembre dos representantes de la comuna se presentaron en la delegación de Cañuelas con la intención de regularizar la deuda. Fuentes del organismo tributario dijeron que se acordó un pago inicial de 3 millones y 48 cuotas mensuales por un monto total de 34 millones de pesos, 20 de los cuales son en carácter de intereses. En lo que resta de su mandato Arrieta pagará unos 17 millones mientras que la próxima gestión deberá afrontar la otra mitad.
 
El pasado fin de semana este diario reveló que el 31 de agosto la AFIP había iniciado una demanda penal contra la Municipalidad de Cañuelas en el Juzgado Federal 1 de Lomas de Zamora a cargo de Alberto Santamarina. El organismo recaudador pidió que se investigue a los funcionarios de Cañuelas por la posible comisión del delito Retención indebida de impuestos conforme lo contempla el artículo 6 de la Ley Penal Tributaria Nro. 24.769.
 
“La maniobra venía siendo desplegada desde el año 2012 y hasta, incluso, enero de 2018, y consistía en retener el Impuesto a las Ganancias de los pagos que el municipio efectuaba tanto a sus proveedores, como a sus propios empleados municipales; sin depositar esa sumas retenidas en las cuentas que la Administración Federal de Ingresos Públicos tiene designadas al efecto” explicó un vocero del organismo consultado por este diario.
 
Ante la inesperada noticia, el intendente Gustavo Arrieta se comunicó con sus funcionarios Roberto Fernández Meire y Jorge Iraola para definir la estrategia a seguir. Acordaron que el mismo lunes se haría una rápida oferta de pago para cerrar el conflicto lo antes posible y evitar un avance de la acción judicial. 
Pero a pesar del acuerdo firmado el lunes ante el jefe de la Delegación Cañuelas, Octavio Zapettini, el martes 4 de septiembre la AFIP radicó la causa Nro. 111894/2018 en el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 3 de Lomas de Zamora a cargo del juez Juan Pablo Augé, solicitando un embargo cautelar de cuentas e inhibición general de bienes. El jueves 6 el magistrado le dio curso al mandamiento de intimación de pago.
 
“Atento lo solicitado, líbrese contra el demandado por la suma del capital reclamado (14 millones) con más el 15% para responder a intereses y costas que establece la normativa vigente, y bajo firma del Agente Fiscal, mandamiento de intimación de pago y citación a oponer excepciones dentro del plazo de cinco días” señaló Augé en su primera resolución.
 
Al cierre de esta edición la AFIP aún no había comunicado a la justicia la firma del acuerdo con el municipio, lo que seguramente ocurrirá en los próximos días. En ese caso la fiscalía interviniente podría solicitar el levantamiento del embargo e inhibición de bienes. Posteriormente el acuerdo de pago deberá ser homologado.
 
Una fuente de la AFIP consultada por El Ciudadano explicó que “La totalidad de la deuda está en el plan de pago firmado el lunes. Esto significa que debería caer la ejecución fiscal de la causa en lo Contencioso; pero no así la causa penal, que seguirá su curso”.
 
De hecho trascendió que el juez Santamarina podría requerir la documentación contable secuestrada por Gendarmería en los allanamientos del 6 de agosto solicitados por la fiscal Norma Pippo, que abarca de 2009 a la fecha y cubre el período denunciado por AFIP.
 
El artículo 6 de la Ley Penal Tributaria señala que “Será reprimido con prisión a dos a seis años el agente de retención o percepción de tributos nacionales que no depositare, total o parcialmente, el tributo retenido o percibido”.
 
Un gran interrogante que sigue abierto es la responsabilidad de los propios funcionarios de la AFIP local, regional o nacional que de 2012 a la fecha no le exigieron al municipio el pago de esos fondos. 
 
 

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