El Ciudadano Cañuelense - Edición Digital

EL TIEMPO EN CAÑUELAS

°C | °C

Cañuelas, 20 de septiembre de 2018    N° de Edición On Line: 2680

Ediciones anteriores Tapa de la edición impresa

La Municipalidad deberá pagar una indemnización por la muerte de una joven

 En 2010 Sharon Guzmán cayó a las aguas del Arroyo Cañuelas desde un puente sin barandas ubicado en Máximo Paz Oeste. La justicia condenó al municipio a pagarles más de 600 mil pesos a los padres de la joven. A ocho años de la tragedia, el puente sigue igual.
Sharon. Archivo El Ciudadano.

BulletSharon. Archivo El Ciudadano.

26.06.2018, 10:33:49 | Policiales

Achicar texto Agrandar texto
 El juez Francisco José Terrier, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Nro. 3 de La Plata, condenó a la Municipalidad de Cañuelas a pagar una indemnización de 650 mil pesos a los padres de Sharon Guzmán, una joven de 24 años que en 2010 murió ahogada en el arroyo Cañuelas al caer con su caballo a las aguas desde el puente sin barandas de la calle Combate de los Pozos, en Máximo Paz Oeste. En la misma sentencia firmada el 18 de junio el magistrado desestimó la demanda contra el gobierno de la Provincia por considerar que no era responsable del mantenimiento del puente.

La causa fue iniciada en 2013 por Gladys Adelina Franco y Enrique Roberto Guzmán, los padres de la víctima.
 
Plantearon que el 20 de febrero de 2010 en horas del mediodía Elena Sharon Guzmán, de 24 años, se desplazaba en su caballo en dirección a su hogar, por la calle Combate de los Pozo. Al llegar a la intersección con el Arroyo Cañuelas, el puente que allí se encuentra (que en ese momento carecía de cualquier tipo de contención, barandas o cartel informativo) estaba cubierto por el agua, dado que la intensa lluvia había incrementado el caudal del Arroyo, sobrepasando el nivel de la losa. Por ese motivo Sharon se desorientó y cayó sobre el cauce del curso de agua junto a su caballo. El cuerpo sin vida de la chica fue hallado 50 horas después de una intensa búsqueda en la que participaron bomberos de Cañuelas, Las Heras y San Miguel del Monte.
 
Destacaron que el puente era una simple losa de una mano, utilizado por toda clase de vehículos y transeúntes; que se encuentra a solo un metro del nivel del agua; y que carece de barandas y señalización adecuada.
 
Enfatizaron la destreza de Sharon como jinete, por lo que descartan la hipótesis de negligencia.
En su respuesta a la demanda, la Municipalidad de Cañuelas intentó primero desvirtuarla por haberse iniciado más allá de los dos años de ocurrido el hecho, superando el plazo de prescripción. Dicho argumento fue desechado de plano: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el derecho a la tutela judicial efectiva, garantizado por el Pacto de San José de Costa Rica, impide que el acceso a la justicia se convierta en un desagradable juego de confusiones en detrimento de los particulares y que las garantías a la tutela judicial efectiva y al debido proceso imponen una interpretación más justa y beneficiosa en el análisis de los requisitos de admisión a la justicia”, según describe el fallo.
 
En segundo término la Municipalidad intentó endilgarle la responsabilidad de la muerte al Gobierno de la Provincia, planteando que el siniestro no ocurrió sobre el puente, sino que Elena Guzmán cruzó sobre el cauce del Arroyo, cuyo poder de policía recae sobre la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires.
 
En ese sentido la Fiscal de Estado respondió que la Provincia de Buenos Aires “no posee capacidad para ser sujeto pasivo en estas actuaciones, toda vez que el puente en cuestión no corresponde a la jurisdicción provincial, atento al informe producido por el Ministerio de Infraestructura, según el cual no existen antecedentes de que aquel haya sido construido por la Provincia, motivo por el cual –aduce- pertenece a la órbita del poder de policía municipal.
 
En su extenso fallo conocido esta semana el juez Terrier resolvió que “las condiciones irregulares de señalización y de seguridad del puente en cuestión llevaron a crear un riesgo para Elena Sharon Guzmán, en relación con el uso al cual está destinado, y en ese aspecto aparece como manifiesta la responsabilidad por omisión del Estado municipal, pues es inherente a sus atribuciones el disponer lo necesario para la prevención, ordenamiento y seguridad en la circulación vial”.
 
En esa línea recordó que la Constitución Provincial consagra como atribución inherente al régimen municipal, la de tener a su cargo “la vialidad pública”. A su vez, la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley N° 6769/58), en su art. 27 dispone que: “Corresponde a la función deliberativa municipal: 2. - El trazado, apertura, rectificación, construcción y conservación de calles, caminos, puentes, túneles, plazas y paseos públicos y las delineaciones y niveles en las situaciones no comprendidas en la competencia provincial. […] 18. El tránsito de personas y de vehículos públicos y privados en las calles y caminos de jurisdicción municipal, atendiendo, en especial a los conceptos de educación, prevención, ordenamiento y seguridad, así como en particular, lo relativo a la circulación, estacionamiento, operaciones de cargas y descargas, señalización, remoción de obstáculos y condiciones de funcionamiento de los vehículos, por medio de normas concordantes con las establecidas por el Código de Tránsito de la Provincia”.
 
En consecuencia ordenó pagarle a la Sra. Gladys Adelina Franco la suma $385.600 y al Sr. Enrique Roberto Guzmán la suma de $270.000 en un plazo máximo de 60 días en concepto de “pérdida de expectativa” y “daño moral”; más 15.600 pesos a la señora Guzmán para tratamiento psicológico. 
 
A dichos importes se deberá adicionar los intereses calculados desde el 20 de febrero de 2010 y hasta su efectivo pago, de acuerdo a la tasa pasiva más alta establecida por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta (30) días, vigentes en los distintos períodos de aplicación; más los honorarios de los abogados.
 
El expediente incluye un dato curioso, que pone de manifiesto cierta improvisación, quizá intencional, de los abogados del municipio: en 2017 la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires intimó a la Municipalidad de Cañuelas a que su letrado constituyera domicilio electrónico. La carencia de esa herramienta demoró las notificaciones de los avances del proceso, prolongando la causa más allá de lo deseable.
 
A ocho años de la muerte de Sharon el puente sigue sin tener las medidas de seguridad necesarias para impedir una nueva tragedia.
 

© El Ciudadano Cañuelense

Subir
Enviar corrección