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Cañuelas, 18 de septiembre de 2018    N° de Edición On Line: 2678

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Barrio La Unión: Sigue firme la toma de terrenos

 Las familias no se retiraron del lugar. La Autoridad del Agua hizo mediciones y siguen los cruces entre la Comuna y la Justicia.
Isabel Torres, una de las mujeres que ingresó a los terrenos.

BulletIsabel Torres, una de las mujeres que ingresó a los terrenos.

14.06.2018, 15:00:53 | Actualidad

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 Mientras que algunos vecinos de La Unión viven con honda preocupación la toma de terrenos a metros de sus viviendas, la Justicia se toma su tiempo para analizar un caso que no tendrá resolución rápida ni sencilla. Si alguien esperaba un gran despliegue policial con gritos y desalojo, estaba equivocado.  Recién se pusieron en marcha algunos estudios técnicos del terreno.

La UFI 2 de Cañuelas a cargo de la fiscal Norma Pippo se encuentra a cargo de la causa luego de las presentaciones que hizo la Municipalidad. Según estiman desde la Fiscalía descentralizada, no son más de cuarenta los ocupantes de los terrenos y en todos los casos se trata de cañuelenses. Y hay una sola persona ocupando de forma permanente. Estos datos contrastan con los comunicados municipales en los que intenta mostrar una usurpación promovida desde La Matanza. Una forma elegante de no echarle la culpa a ciertos punteros camporistas de Cañuelas que estarían detrás de la movida y que hasta ayer eran socios del oficialismo.
 
La Ley de declaración de la Cuenca  Matanza Riachuelo, en su anexo, establece una obligación  de mantener libre de ocupantes el Camino de Sirga, una franja de 35 metros a lo largo de ríos y arroyos, por considerar que es una zona de riesgo ambiental, es decir inundable. El control del área de Sirga se encuentra bajo jurisdicción de Acumar y la Autoridad del Agua (Ada).
 
Según la Fiscalía 2, la Comuna de Cañuelas nunca solicitó que se delimite, por los dos organismos mencionados,  la línea del Camino de Sirga.  El gobierno municipal no advirtió luego de crearse la Cuenca, hace ya una década, de la delimitación de esta zona, la que es plausible de ocupaciones clandestinas y de inundaciones, como sucede en Máximo Paz Oeste.
 
La fiscal Pippo tiene en sus manos la denuncia de la Comuna, cuyos abogados afirman que la ocupación se hizo sobre el área de Sirga por lo que reclamó el urgente desalojo. A esa denuncia se sumó la de un particular que dice ser dueño de las tierras tomadas.
 
Ante ello la representante del Ministerio Público estableció comunicación con el Juzgado Federal 2 de Morón, que tienen la ejecución de sentencia  de la Corte Suprema en el caso Mendoza.  Además lo hizo con el ADA y Acumar.
 
Esta semana técnicos de ADA se trasladaron a la zona para realizaron una medición de la línea de ribera.  A partir de esa línea (que nunca fue medida con anterioridad) se deben tomar los 35 metros de exclusión para asentarse).
 
A pesar de no contar con esos datos técnicos que esta semana comenzó a relevar el ADA, la Municipalidad salió en duros términos a reclamar el desalojo por invasión del Camino de Sirga, tema que cayó con desagrado en la Fiscalía local.
Una vez que se conozca el informe del ADA se estará en condiciones de saber si las casillas fueron construidas dentro o fuera del Camino de Sirga. En el primer caso los supuestos delitos investigados serían de competencia del juzgado Federal de Morón; y en el segundo, del juzgado de Garantías 8, con asiento en Cañuelas.  
Al cierre de esta edición Pippo esperaba recibir un informe preliminar con el gráfico del lugar por donde pasa la línea de ribera. A partir de ese dato se deberá volver al terreno para medir los 35 metros.
 
Y así todo no habrá  una resolución. Luego debe venir un acto administrativo de una autoridad competente, para lo cual se deberá iniciar un expediente administrativo, publicar edictos por 30 días, anoticiar a los presuntos propietarios de la zona aledaña de todo el procedimiento y después dictar una resolución administrativa.
 
Mientras tanto desde la Intendencia –que en todas las usurpaciones anteriores miró para otro lado y las consideró un problema entre privados- ahora reclama la Gendarmería y las topadoras para echar a los ocupantes.
 
LA TOMA POR DENTRO
Al fondo de Kennedy y Aguada algunos se muestran indignados: “No llegamos en micros ni camiones, ni somos del Conurbano; somos de Cañuelas, somos conocidos y nos acomodamos entre nosotros. Nadie nos dio nada acá, ni nos manda un tranza. Esperamos alguna ayuda de la Municipalidad, pero no llega nunca”. Se vislumbran unos pocos techos de chapa y paredes de madera. Hay muchos lotes marcados. Los vecinos se arremolinan en torno de EL CIUDADANO para afirmar que “hay quien andaba vendiendo los terrenos pero resulta que no tenía papeles o son unos formularios simples de compra venta”.
 
 “No somos delincuentes, somos más de 30 familias, queremos viviendas y todo sin hacer lío a nadie”, aclaran y ponen el eje del problema en la falta de respuesta del gobierno cañuelense al déficit habitacional de la ciudad.
 
Durante la visita de este medio relataron que son todos argentinos y que viven hacinados en habitaciones o casas pequeñas donde conviven dos, tres o más grupos familiares.
 
Cuando Isabel Torres, de 45 años, con los ojos llorosos, cuenta por qué decidió meterse en el predio: “Pagaba un alquiler de siete mil pesos. Compartía un lugar a dos cuadras de acá. Y por venir acá perdí mi trabajo en casas de familia. Me tuve que instalar porque si no te sacan el lugar. Vine con una hija, separada, con su bebé y yo, sola. Estoy esperando poder levantar mi ranchito con nylon negro. Ya me mojé tres veces por las lluvias. No tengo otra cosa y no creo que nos dé una mano la Municipalidad”, dice parada, a unos metros de cuatro palos y unas banquetas plásticas. “Es feo que te miren mal y digan cosas en las redes como que sos villero o venimos de La Matanza o de villas”, agrega.
 
Alrededor de ella, entre unas estacas, unos plásticos y chapas, algunos se distraen en charlas o levantando las casillas. Cada tanto, se arma un pequeño tumulto cuando viene la Policía a recabar datos o cuando llegó El Ciudadano al lugar. “Por ahora la policía no hace nada. Nos pidieron que no nos metiéramos a más de cinco metros del arroyo y nos avisaron que el desalojo puede ser en cualquier momento”, se lamenta un joven.
 
Un hombre de mediana edad planteó algún tipo de plan de pago para adquirir el terreno a la Comuna o al dueño. “No nos metemos porque tenemos ganas; lo hacemos porque no tenemos otra cosa”.
 
En las parcelas pueden convivir entre dos o tres familias, según lo planeado por ellos. No hay ningún tipo de servicio público. Y algunas luminarias, pocas, se encuentran a bastante distancia de las casillas. Por lo que algunos arman fogatas en el pasto para echar algo de luz y calentarse durante la noche.
 
En una parcela y contra el arroyo se levanta una precaria casilla. “Me hice un rancho como pude, donde estoy con mi mujer y el nene de un año y tres meses y la nena de doce años”. La vivienda sólo cuenta con un colchón desfigurado y un sofá destruido sobreviven entre cuatro paredes de chapa y maderitas sobre piso de tierra. En la entrada de la casilla el joven esparció un poco de cemento con la intención de mejorar el acceso. Gastón Rivero, de 30 años, cuenta que llegó el domingo pasado mientras todavía no aclaraba el cielo. Para llegar al lugar lo ayudó su hermano Facundo Alan Giagnoni, de 19, con quien comparte la venta ambulante de frutas y verduras. “No podía seguir viviendo donde estábamos en la casa de mi mamá en la calle monseñor Schell. Eramos una banda y en una piecita apretados, hasta que nos enteramos de que se venía gente a este lugar, y como hace añares que está sin nada, nos vinimos”. 
 
Para llegar a la ocupación hay que avanzar por la calle Kennedy, que primero es de tierra y luego de cerámicas partidas, hasta que desaparece en un manto de pasto y algunos árboles medianos. Por ese camino hay dos casas de ladrillos sin revocar. Y de forma desperdigada se ven tiendas hechas con tablas, chapas y plásticos. El frío y la falta de agua y electricidad son los principales enemigos de los ocupantes. Y cuando anochece, tienen miedo de aprietes de desconocidos.
 
“Si vienen a sacarnos, vamos a aguantar todo lo que podamos”, dice con cierto orgullo un jovencito, que aclara que no durmió en toda la noche porque “la presión y el miedo” se lo impedían.
 
Mientras este cronista recorre el lugar, muchos se paran para preguntar “si es de la Municipalidad”. Afirman que han hechos pedidos por escrito y que han tenido charlas informales con la jefa de Gabinete, con un sinnúmero de promesas.
 
Claudio, de 22 años, llegó también el fin de semana. Lo hizo con su pareja y dos criaturas. Ya tiene levantado su rancho, mientras hace changas de albañilería y podas. Fue habitante del barrio Libertad, entre otros sectores de Cañuelas. El lugar es tan acotado que cuando tiran los dos colchones ya no tienen espacio. Su mujer dice que “con la Asignación de 1200 pesos no alcanza para los dos bolsones de pañales del nene de un año, que es prematuro, y la leche para los dos. A la leche la tengo que rebajar para que alcance”.
 
Mary debe ser la mujer de más edad de todo el grupo. Tiene 63 años. Está con su hija Antonella Cárdenas, de 24 años, madre de dos nenes de 5 y 7 años, por los que perciben 1800 pesos mensuales de Asignación. La chica, muy menuda, duerme en el piso y busca ayuda para conseguir alimentos entre familiares. La madre de ella aclara que no ocupó ningún lugar en la toma, que su presencia se debe a dar una mano. “Soy militante del PJ desde 1984 y tengo un merendero, que funciona en mi casa desde hace un poco más de un año en Freire y Mosconi. Se llama Las Cañas, donde los miércoles por la tarde damos un taller de dibujo y los sábados un almuerzo y una merienda, además de dar algunas ropas”.
 
Una vecina de la toma, luego de notar la presencia de este medio, se muestra preocupada. “¿Usted sabe algo de todo esto?”. Según la mujer “Acá hay un dueño de algunos de estos terrenos. Yo estuve llamando a Tierras, no pasó nada aun; pero en mi caso lo compramos hace dos años a Cristina, la mujer del señor García e hicimos los papeles de compra venta con abogados. Pagamos 120 mil pesos. Me vine de Florencio Varela, donde alquilaba. Y entre los vecinos hicimos la calle con un acta ante la Municipalidad y estamos esperando los servicios, que no tenemos ninguno”. La joven agregó: “Pero podrían venir a censarlos y fijarse que algunos de ellos viene con autos nuevos y motos, pero igual se metieron”.  
 
Según parece, la toma de terrenos tiene su origen en el grave déficit en materia habitacional y de condiciones de salubridad, que se profundiza en los últimos años en la región. No hay datos de cuántas personas tienen necesidades de vivienda en Cañuelas. Pero el número crece.
 
Según datos del Indec correspondientes al censo 2010, en nuestro partido hay 14.650 viviendas habitadas y algo más de 3600 deshabitadas. En cuanto al tipo de vivienda, el 91, 75 por ciento son de ladrillos; el 3,17 % casillas precarias y el 0,94 % ranchos.
 

 
 
Preocupación y alerta en el vecindario
 
Un grupo de vecinos del barrio La Unión mantienen reuniones con autoridades policiales y judiciales para expresar su preocupación por la presencia de un asentamiento entre el Club Las Cañas, la calle Kennedy y el arroyo La Montañeta. “Es permanente el ir y venir de gente, caminando, en motos y una camioneta”, señaló una vecina, que integra un grupo en ‘defensa’ de la zona.
 
Las precarias construcciones se levantan en cercanías a la vera del arroyo y, según señaló un habitante, “mantuvimos reuniones con el Foro de Seguridad, en la Comisaría y la Fiscalía 2, a los que pedimos que no nos abandonen y que saquen a ese gente”.
 
Una frentista de la calle Berrueta consultada por este medio expresó su preocupación, pero aclaró ante una consulta si hubo algún tipo de enfrentamiento o conflicto que se hayan desatado entre los vecinos radicados desde hace algunos años y quienes se asentaron en las nuevas parcelas. “No tenemos contacto, al menos yo, pero los veo y me da intranquilidad, sobre todo a la noche, me genera intranquilidad y hasta los perros no dejan de torear todo el tiempo. Esta gente anda merodeando con linternas y haciendo fogatas”, dijo y agregó que “nos han informado las autoridades que primero se deben resolver en qué tipo de terreno están y luego dar intervención a la justicia que corresponda”.
 
El grupo de vecinos que vive en las cuadras circundantes se comunican por un grupo de WhatsApp. Se tratan de unos 20 que se unieron ni bien se concretó la ocupación de las tierras.
 
Según se indicó, hay una sola suerte de vivienda ocupada de forma permanente; el resto son tipo chozas cuyos habitantes aparecen de pronto cuando llega algún periodista, funcionario judicial o un móvil policial. “No son casas para habitar sino para marcar presencia”, observó un vecino. Una mujer la describió como “rancho de chancho hecho con pallets”.
 
Por su parte, los consultados aseguraron que no dejarán de solicitar la intervención de la Justicia y la Policía para evitar que el asentamiento siga creciendo.  
 
“Vivo encerrada, pero tengo que salir a trabajar”, sostuvo una vecina que indicó que “antes era un barrio tranquilo”.
 
Los lugares ocupados se encuentran en las calles Berrueta, Kennedy y Aguado.
 

© El Ciudadano Cañuelense

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