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La Municipalidad llamó a licitación para implementar un “Programa de Seguridad Vial”

 Incluye la contratación de radares para control de velocidad en ruta. Una reciente modificación de la Ley de Tránsito impide “privatizar o concesionar” ese servicio.

28.02.2018, 23:00:49 | Actualidad

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 La Municipalidad de Cañuelas acaba de lanzar la Licitación Pública Nro. 2 de 2018 que apunta a a la implementación de un “Programa de Seguridad Vial”.

El retiro de pliegos, valuados en 30 mil pesos, se encuentra abierto hasta el 26 de febrero; mientras que la apertura de ofertas se realizará el 9 de marzo.
 
Según pudo saber El Ciudadano, el denominado “Programa de Seguridad Vial” incluye la compra de aproximadamente 15 semáforos, 20 cámaras de monitoreo callejero, 8 anillos lectores de patentes (para verificar si los autos que ingresan a la ciudad tienen pedido de captura) y la contratación de radares para el control de velocidad en ruta.
 
El ítem de los radares resulta el más polémico, ya que son varios los municipios que han apelado al recurso de las fotomultas por exceso de velocidad como herramienta de recaudación.
 
La intención del municipio local sería aplicar el sistema en las tres rutas que atraviesan la ciudad, con preferencia sobre la 205, frente al barrio Libertad, y en la ruta 3, a la altura de Santa Rosa-Los Pozos, donde se produce una elevada cantidad de accidentes.
 
De acuerdo a los convenios que se firmen se establece un régimen de reparto de ingresos.
Cuando las actas de comprobación son labradas por faltas cometidas en rutas, caminos, autopistas o semiautopistas provinciales o nacionales en el territorio de la Provincia, por autoridades de comprobación provincial, el total del producido por el cobro de multas corresponderá a la Provincia.
 
Cuando las actas de comprobación se labran por faltas cometidas en rutas o autopistas que atraviesen el ejido urbano, por autoridades de comprobación municipal, el producido por el cobro de multas se distribuirá en un cincuenta por ciento (50%) para el Municipio donde la falta fue cometida, y un cincuenta por ciento (50%) para la Provincia. Del 50 % que retiene el municipio una parte se deriva a la empresa concesionaria, en función de los acuerdos que se firmen en cada localidad.
 
Los cargos que sufren los infractores por exceso de velocidad no bajan de los 3 mil pesos, por lo que este sistema representan una interesante fuente de ingresos para los municipios, más allá de que se lo intente presentar como un mecanismo de control vehiculara para bajar la tasa de siniestros.

MODIFICACIÓN DE LA LEY
 
 
El 16 de enero en el Boletín Oficial se publicó una serie de modificaciones en la Ley 13.927 (Código de Tránsito). Uno del os artículos modificados es el 28 (control de velocidad y otras infracciones mediante instrumentos cinemómetros y otros equipos o sistemas automáticos o semiautomáticos o manuales, fotográficos o no, fijos o móviles).
 
El nuevo artículo sostiene que “No podrán privatizarse ni concesionarse las acciones vinculadas al contralor directo de las infracciones“ y que “Las personas que utilicen los mismos o labren infracciones con dichos equipos, deberán ser funcionarios públicos”.
 
En otro párrafo agrega que “Las autoridades municipales deberán contar con autorización previa del Ministerio de Gobierno, y para el caso de corresponder con los organismos nacionales competentes, para la instalación y uso de instrumentos cinemómetros automáticos o semiautomáticos, fijos o móviles en rutas nacionales o provinciales, caminos, autopistas, autovías o semiautopistas, que atraviesen el ejido urbano. A tales fines, se deberán suscribir los convenios previstos en el artículo 42.”.
 
De esta manera el llamado a licitación entra en colisión con la reforma del Código de Tránsito, que apunta a evitar la privatización de los sistemas de control de velocidad para evitar que los mismos caigan en manos de empresas que sólo buscan un rédito, sin tomar en cuenta políticas de prevención.
 
Ante una consulta de El Ciudadano el intendente Gustavo Arrieta dijo que cuenta con un “convenio previo a la modifcación de la Ley” firmado con la Provincia que lo habilita a licitar el control de velocidad entre las “tres o cuatro empresas homologadas”, pero sostuvo que su equipo de abogados analizará los cambios producidos en los últimos días. “Si efectivamente esto ha entrado en vigencia, veremos los pasos a seguir porque el convenio no puede estar por encima de una Ley”.
 

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