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Cañuelas, 28 de junio de 2017    N° de Edición On Line: 2231

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Gastos en maquinarias y fondos de seguridad: dos puntos cuestionados por el Tribunal

El organismo determinó que se pagaron más de mil horas/máquina no justificadas  y que un subisdio del gobierno Nacional destinado a seguridad se derivó para otros fines.
La máquina Komatsu, cuyo alquiler genera controversias.

BulletLa máquina Komatsu, cuyo alquiler genera controversias.

12.06.2017, 11:46:15 | Actualidad

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El análisis efectuado por el Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad de 2015 puso la lupa sobre la contratación de maquinaria vial a Miguel Yusti. 
 
De acuerdo a la sentencia firmada por Gustavo Fernández, Miguel Teilletchea, Eduardo Grinberg y Ricardo Patat, del 1 de enero al 30 de junio de 2015 se emitieron 104 libranzas por un total de $ 4.079.545 correspondientes a 96 órdenes de compra de Miguel Yusti por el alquiler de excavadora.
Ante el llamativo fraccionamiento de esta contratación y el elevado monto contratado, el Tribunal le solicitó al Municipio información sobre el proveedor a los fines de determinar la propiedad de la maquinaria utilizada, seguros contratados y certificación de obras.
 
En respuesta el Tribunal recibió dos contratos de compraventa, uno del 20/10/14 por una máquina John Deere 120D  y otro del 15/02/15 por una maquinaria Komatzu PC200 y una cobertura de “seguro técnico” de Mercantil Andina por daños totales y responsabilidad civil con ubicación de riesgo en Beccar y San Isidro y una solicitud de cobertura por accidente personal para los señores Claudio Colam Duré y Roberto Cristaldo con vigencia del 20/08/15 al 20/09/15.
 
En función de estos elementos aportados el Tribunal resolvió que “no se dispone de información suficiente respecto a la cantidad y titularidad de la maquinaria contratada, cantidad de personal ni experiencia en el rubro”; y respecto a los seguros objetó que “sólo cubren siniestro en Beccar y San Isidro cuando están operando en Cañuelas” y que no consta la cobertura por accidentes personales de enero a julio.
También se cuestionó el fraccionamiento del pago para evitar el mecanismo de la licitación; lo que impide analizar el plan de obras y un seguimiento del mismo.
 
De un análisis  de los pagos el Tribunal informó que hubo 3.464 horas trabajadas  en contraste con 4.609 horas pagadas, arrojando una diferencia de 1.145 horas. “De la documentación aportada se desprende que el importe unitario por hora trabajada, incluyendo combustible y maquinista, en el mes de enero de 2015 ascendía a $ 857,09 y en el mes de junio a $ 874,50, haciendo un promedio de $ 865,795. Utilizando el valor promedio de la hora se puede estimar que entre enero y junio la comuna ha pagado en demasía $ 991.335, representando dicho importe un perjuicio concreto contra la comuna”.
 
En respuesta, diversos funcionarios como Mauricio Guidi , Julián Bautista y Heriberto Ponce elevaron informes que el Tribunal consideró “insuficientes y faltos de documentación respaldatoria”.
 
Por último el Tribunal consideró “ilegal” el pago de los $ 991.335, que sumados a los intereses ascienden a $ 1.178.358.
 
La onerosa contratación de maquinaria vial fue largamente debatida en el Concejo Deliberante y cuestionada por el bloque Cambiemos en las últimas rendiciones de cuentas. Carlos Alvarez, en la sesión de hace veinte días, recordó que con el dinero pagado en alquiler en estos años el municipio podría haber incorporado varias máquinas nuevas a su patrimonio. 

FONDOS DE SEGURIDAD
 
Con respecto al Programa Integral de Protección Ciudadana, el Tribunal detalló que el Síndico General de la Nación, Daniel Reposo, informó a dicho organismo que en 2010 el Gobierno Nacional giró a la Municipalidad de Cañuelas un total de $ 1.813.187 para políticas de seguridad.
 
De acuerdo a lo expresado por Reposo, la rendición de cuentas de esos fondos fue solicitada en tres oportunidades por la Jefatura de Gabinete de Ministros sin obtener respuesta favorable. 
 
Frente a ese vacío documental el Tribunal le requirió informes al contador Jorge Iraola, quien pudo demostrar que se afectaron  A) $  427 mil pesos  para adquisición de equipos informáticos, combustible, equipos de comunicación y sistemas de seguridad; B) $ 74.000) para sueldos; y C) $ 1.311.410 para instituciones descentralizadas.
 
De acuerdo a lo resuelto por el Tribunal, solamente el primer gasto de $ 427 mil pesos está vinculado a la seguridad pero “no ocurre lo mismo con las demás aplicaciones de fondos” y “tampoco no se aportó prueba del envío de las rendiciones al Ministerio Nacional”
 
“Los funcionarios intervinientes serán considerados responsables por posibles sanciones que distintos organismos nacionales y / o provinciales impongan” agrega el Tribunal.
 
Como conclusión, el Tribunal resolvió “mantener el tema en suspenso” hasta que las nuevas autoridades nacionales “puedan determinar la adecuación de los fondos aplicados o bien su destino no autorizado la eventual existencia de perjuicio concreto para la administración municipal”.
 

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