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Entidades hicieron observaciones al proyecto del FpV sobre control de la publicidad oficial

La ADC y Poder Ciudadano plantearon mejoras en el texto que se estudia en el Concejo Deliberante.

18.07.2013, 17:09:30 | Actualidad

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Poder Ciudadano y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), dos ONG´s especializadas en transparencia y acceso a la información, hicieron una serie de aportes técnicos al proyecto de regulación de la Publicidad Oficial que el bloque del FpV podría tratar en el recinto en los próximos días.

Como se explicó en la edición anterior, una serie de artículos que publicó este diario revelando los manejos irregulares de fondos municipales para publicidad derivaron en la renuncia del subsecretario de Comunicación Enzo Peralta. Al mismo tiempo el bloque del FpV presentó un proyecto que apunta a regular el otorgamiento de pautas a los medios para evitar la discrecionalidad por parte del funcionario de turno.

A grandes rasgos, el proyecto oficial crea un Registro en el que podrán inscribirse todos los medios y productoras que deseen recibir pautas del Estado municipal.

En segundo término se prevé la creación de una Comisión de Seguimiento integrada por oficialismo y oposición, la que tendrá la función de revisar semestralmente el gasto de fondos en ese rubro.

El texto también fija algunos criterios de asignación basados en alcance, cobertura geográfica, contenido local, brindando especial atención a contenidos de índole cultural.

En un apartado establece taxativamente que para medios de categorías similares se tolerará una variación de precios de hasta un 30 %.

OBSERVACIONES

Ante una consulta de El Ciudadano, la ADC y Poder Ciudadano revisaron el texto y brindaron algunos aportes que lo enriquecen. Ambas entidades ya habían tenido contacto con el Concejo Deliberante local entre 1999 y 2000, cuando se sancionó la ordenanza de Libre Acceso a la Información.

“En general el proyecto del FpV es muy positivo. La experiencia de ADC es que casi cualquier regulación es mejor a la absoluta discrecionalidad que existe hoy en día en casi todas las jurisdicciones del país. Implementar adecuadamente este tipo de reglamentos es complejo y en general se encuentran muchos obstáculos para hacerlos efectivos. Sin embargo, la existencia de este tipo de regulaciones es un primer paso necesario” sostuvo Ramiro Alvarez Ugarte, director del Departamento de Acceso a la Información de la ADC.

Acto seguido, apuntó dos elementos que deberían optimizarse. Por un lado, respecto a los requisitos que deben cumplir los medios para recibir publicidad oficial, dijo que “sería conveniente que el proyecto dé cuenta de los medios audiovisuales (especialmente radios) que no tienen autorización para funcionar y todavía no fueron regularizados de acuerdo a las Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ellos pueden tener permisos precarios provisorios (PPP) y deberían estar incluidos en la posibilidad de recibir pauta estatal. No es su culpa que no hayan accedido a las licencias, máxime cuando el plan de regulación a nivel nacional no avanza”.

En segundo término señaló como “debilidad” del proyecto la ausencia de un mecanismo previsible para la medición de audiencia a fin de garantizar una asignación equitativa. “La alternativa es que el gobierno Municipal realice un estudio de audiencias —como haría un actor privado— de los medios locales. Se puede hacer, pero es costoso. Que quede a la ´percepción y conocimiento previo´ del funcionario es muy complicado, porque habilita un espacio de discrecionalidad que justamente se quiere evitar a través de la ordenanza”.

Desde Poder Ciudadano, María Rosario Pavese consideró positivo el proyecto e incluso advirtió que presenta “avances” respecto al proyecto de 2010 impulsado por el GEN, aunque puso el acento en una serie de “insuficiencias”.

En esa línea, brindó una serie de recomendaciones que podrían ser incorporadas a la futura normativa:

-Señalar de manera explícita qué se entiende por ‘publicidad oficial’.

-Profundizar los alcances de las funciones y responsabilidades de los organismos responsables de la ejecución de las pautas publicitarias. En este sentido, sería positiva la presentación de un Plan Semestral o Anual de planificación de la publicidad oficial, donde se incluya una descripción de las campañas publicitarias que serán desarrolladas, como también de los mecanismos tendientes a asegurar la libre difusión y acceso a la información institucional, y ser de libre acceso para la ciudadanía.

-Prohibir la emisión o publicación de publicidad oficial que exhiba imágenes, voces, firmas, nombres o cualquier mensaje publicitario en el que aparezcan, sean nombrados o referidos, directa o indirectamente, funcionarios del gobierno o candidatos (o precandidatos) electorales, o utilice tipografía, símbolos, logos o estilo que induzcan a confusión con partidos políticos o agrupaciones políticas o permitan la identificación con la imagen comunicacional de los mismos.

-Incluir limitaciones claras a la contratación y difusión de publicidad oficial en períodos electorales. Es decir, prohibir su emisión, con excepciones específicas de acuerdo a la urgencia y necesidad del mensaje a ser comunicado. SI bien el proyecto del FPV menciona este punto dentro de sus objetivos, no queda claro como será implementado ni si efectivamente existirá esta restricción.

-Contemplar en la norma la dimensión ética del contenido de los mensajes publicitarios. En este sentido, deberá prohibir todo mensaje que promueva la discriminación o exclusión social de las personas por cualquier motivo; que incite a la violencia; o que contenga información errónea.

-Fijar mecanismos que aseguren el acceso libre y gratuito a la información pública en materia de Publicidad Oficial, en aras de asegurar el control y monitoreo de la ciudadanía sobre los asuntos públicos. En este sentido, se recomienda publicar en la Página Web del Municipio la información correspondiente a las contrataciones realizadas, junto a todo anuncio o información relevante.

-Promover mecanismos que garanticen el acceso a la información a las personas sordas y no videntes, o con cualquier otra discapacidad.

-Establecer límites – ya sea en cifras porcentuales o en montos máximos – al presupuesto asignado a la publicidad oficial.

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